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MESA DEL AGUA

INFORMACIÓN APARECIDA EN LA PÁGINA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del día 02 de

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del día 02 de Noviembre de 2005

EL CONSEJO ADOPTA MEDIDAS EXCEPCIONALES CONTRA LA SEQUÍA EN MÁLAGA, EL GUADALHORCE, LA COSTA DEL SOL Y LA CONTRAVIESA

El Consejo aprueba un decreto que da prioridad al consumo humano sobre otros usos y destina más de 35 millones de euros a obras de emergencia

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que declara la situación de excepcionalidad por sequía en Málaga capital, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol Occidental y la comarca granadina de La Contraviesa.

La norma, que estará vigente en tanto persista la escasez de lluvias, recoge una serie de disposiciones para garantizar el abastecimiento a la población de estas zonas (en torno al millón de habitantes), primando el consumo humano sobre otros usos. Asimismo, y como medida permanente, incluye la creación del Centro de Intercambio de Aguas de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que se encargará de fomentar la redistribución eficiente de los recursos a través de acuerdos entre titulares de los derechos sobre el agua.

En relación con la sequía, el decreto no establece cortes para el suministro domiciliario, si bien reduce en torno a un 15% la dotación actual hasta situarla en 230 litros por habitante y día.

Esta cantidad permite el mantenimiento de todos los usos domésticos habituales y necesarios (aseo personal, limpieza, cocina...), pero no los de carácter suntuario, como el riego de jardines, el baldeo de calles, la limpieza de coches fuera de establecimientos autorizados, las fuentes ornamentales sin circuito cerrado y el llenado de piscinas. En estos casos se prohíbe la utilización de agua apta para el consumo humano, permitiéndose el recurso al agua reciclada o no apta siempre que sea autorizado expresamente. Por su parte, los jardines públicos contarán con una dotación máxima de 200 metros cúbicos de agua no potable por hectárea y mes.

Los ayuntamientos deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para lograr estos objetivos de ahorro y realizar las inversiones necesarias para reducir pérdidas en las redes de distribución. Asimismo, estarán obligados a elaborar, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del decreto, un plan de emergencia siguiendo los criterios de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.

De acuerdo con la prioridad de garantizar el abastecimiento a la población, las limitaciones de mayor calado se centran en otros ámbitos, como el riego de campos de golf y la agricultura. Respecto a los primeros, la norma determina una dotación máxima de 200 metros cúbicos por hectárea y mes, a la vez que prohíbe el uso de agua potable. En el caso de utilización de aguas residuales urbanas recicladas, no se establece limitación alguna más allá de la preceptiva concesión de uso.

Para los usos agrícolas se recogen tres tipos de previsiones en función de los cultivos y su rentabilidad social: prohibición de riegos en agricultura extensiva, riegos de socorro para las especies plurianuales y limitación a 200 metros cúbicos por hectárea y mes en el resto de los cultivos. Al igual que en el caso de los campos de golf, estas medidas no se aplicarán cuando los riegos se realicen con aguas residuales convenientemente tratadas. Tampoco afectarán a las instalaciones para abrevar al ganado. De acuerdo con el decreto, cuando la utilización del dominio público hidráulico genere beneficios de unos titulares respecto a otros, los beneficiarios deberán satisfacer la oportuna indemnización.

Comité de sequía

Como aspecto novedoso respecto a otros textos similares, la norma aprobada hoy recoge también la creación de un comité de gestión de la sequía integrado por todas las administraciones y agentes socieconómicos implicados.

Este órgano tendrá facultades ejecutivas para, entre otras funciones, ordenar los recursos hídricos en el ámbito de aplicación del decreto, modificar las dotaciones fijadas por cada uso del agua, proponer expropiaciones o modificaciones de concesiones y plantear la finalización de las medidas. Asimismo, podrá otorgar autorizaciones excepcionales para el uso del agua en supuestos de grave daño ecológico y por razones de salubridad pública, interés general y relevancia social.

Para velar por el cumplimiento de las medidas aprobadas, el decreto faculta a la Guardería Fluvial, Agentes de Medio Ambiente, cuerpos de seguridad adscritos a la Junta, Policía Local y Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

Obras de emergencia

Junto con las disposiciones para hacer frente a la situación de sequía, el texto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno incluye también un listado de obras de emergencia que pasan a ser declaradas de Interés General de la Comunidad Autónoma y que, como tales, comenzarán a ser ejecutadas de inmediato. Estos proyectos, fruto en su mayor parte de las sugerencias recibidas durante el periodo de exposición pública del decreto, supondrán una inversión total de entre 35 y 40 millones de euros.

Entre las obras previstas destacan la entrada en servicio de la presa de Casasola, la mejora de la potabilizadora de El Trapiche en Málaga, la construcción de una toma de emergencia para aprovechar los últimos recursos disponibles del embalse de la Concepción, la modernización de la red de riegos del Guadalhorce y la conexión a la red de abastecimiento de la Costa del Sol de una serie de pozos privados localizados en una decena de urbanizaciones.

Estas inversiones se sumarán a los más de nueve millones de euros que la Consejería de Medio Ambiente ha invertido hasta el momento para la puesta a punto de los pozos de emergencia de la anterior sequía y la conexión de la Costa del Sol Occidental con el Campo de Gibraltar.

Tanto las medidas excepcionales como la utilización de los recursos ordinarios y extraordinarios se sustentan en la delimitación de una serie de umbrales técnicos de emergencia que permiten definir la gravedad de la situación, graduar la intervención en cada caso y determinar la finalización de la excepcionalidad. Estos indicadores se refieren básicamente a la situación que presentan los embalses al inicio del año hidrológico, de la campaña de riegos y de la temporada estival.

En el caso de las zonas de la provincia de Málaga incluidas en el decreto, la negativa evolución registrada en el año hidrológico 2004-2005 hace imposible garantizar el abastecimiento a corto plazo si no se adoptan medidas extraordinarias como las planteadas en el decreto. Hasta el momento se han podido mantener todos los usos del agua gracias a intervenciones extraordinarias como la entrada en servicio de la desaladora de Marbella, el uso del pantano de la Viñuela y del embalse salino del Guadalhorce para el abastecimiento de Málaga, el fin anticipado de la campaña de riegos del Guadalhorce o la utilización de los pozos de emergencia de la sequía 92-95. No obstante, el estado actual de los embalses se encuentra ya por debajo de los umbrales de emergencia.

Respecto a la comarca de La Contraviesa, cuya inclusión en el decreto fue solicitada durante el periodo de alegaciones por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, se establece la previsión de captar recursos de emergencia del río Trevélez a través de las acequias de Cástaras, Trevélez y Almegijar.

El umbral para superar la situación de excepcionalidad en La Contraviesa se fija en el momento en que la balsa del Torvizcón reciba un caudal continuo mínimo de 52 litros por segundo.

Centro de Intercambio

Finalmente, y como novedad significativa respecto al borrador inicial sometido a exposición pública, el decreto incluye en una disposición adicional la creación del Centro de Intercambio de Aguas de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Se trata de una medida pionera en el conjunto de España orientada a la redistribución de los recursos hídricos con criterios de eficiencia, que el Ministerio de Medio Ambiente también tiene previsto aplicar en las cuencas hidrográficas de su competencia de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal sobre esta materia.

Este centro se encargará de favorecer acuerdos entre los distintos titulares de los derechos del agua en el conjunto de la cuenca, desde el Campo de Gibraltar hasta la desembocadura del río Almanzora en Almería, fomentando el incremento de la garantía de suministro para aquellos usos más rentables sin generar perjuicios para los usuarios que voluntariamente cedan sus recursos. Para ello seguirá un modelo asimilable al de los denominados bancos públicos de agua, si bien bajo la supervisión y el control de la Administración autonómica a través de la Agencia Andaluza del Agua.

El texto del decreto aprobado hoy fue analizado el pasado 28 de septiembre en la comisión de seguimiento de la situación hidrológica en la provincia de Málaga, un foro que la Consejería de Medio Ambiente viene convocando desde el mes de mayo con la participación de ayuntamientos, mancomunidades, empresas de gestión del agua, agricultores y otros agentes socioeconómicos.



EL CONSEJO APRUEBA LA CREACIÓN DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se crean las direcciones provinciales de la Agencia Andaluza del Agua. Estos órganos tendrán sus sedes administrativas en las delegaciones provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, cuyos titulares asumirán la representación oficial de la Agencia Andaluza del Agua en sus respectivos ámbitos territoriales.

Desde el punto de vista funcional, y de acuerdo con el trabajo que tienen que llevar a cabo, las nuevas direcciones provinciales dependerán de las diferentes direcciones generales de la Agencia Andaluza del Agua.

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